El pasado 7 de septiembre el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rindió su primer informe tras cumplirse un año de que se instaló la nueva conformación del Máximo Tribunal. Esta llegó acompañada de simbolismos y marcada por las críticas a una elección cuestionada por su politización. En el discurso, similar al de un informe de gobierno —en el que estuvieron presentes la y los titulares de los otros Poderes de la Unión—, se destacó la transformación, la política de austeridad, la inclusión de herramientas tecnológicas, la cercanía con grupos en situación de vulnerabilidad y el desmarcamiento del pasado, en contraste con la anterior Corte, que se definió como “lenta, anquilosada, ensimismada y fuera de la mirada del pueblo”.
Un año después del inicio de funciones del “nuevo” Poder Judicial de la Federación se han hecho públicos relevantes y profundos análisis sobre su actuar y sobre sus retos. A estos debe sumarse un análisis de los impactos de esta nueva conformación en los derechos humanos y, sobre todo, de sus grandes pendientes en la materia.