Organizaciones civiles como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, denunció que en los últimos años, esta crisis se explica por la disputa y el control territorial ejercido por grupos delictivos con la tolerancia y falta de respuesta de las autoridades. A ello se suma una falsa narrativa de seguridad, planeada y orquestada desde el propio gobierno de Chiapas, que pretente negar la gravedad de esta crisis, invisibilizando a las víctimas y favoreciendo la impunidad.
Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta agosto de 2026 se han registrado 133,680 personas desaparecidas en México; informes señalan que, Chiapas, pasó de 1,526 casos de personas desaparecidas en 2025 a más de 2,000 casos activos a mediados de 2026 (Red Lupa, 2026).
Chiapas registra un aumento del 20% respecto de 2025. Dentro de este incremento, una proporción significativa corresponde a mujeres, adolescentes y niñas, lo que evidencia la necesidad de fortalecer las acciones de prevención, búsqueda, investigación y atención a las víctimas con perspectiva de género.