Con el avance de autoritarismos, gobiernos de ultraderecha o discursos conservadores en el mundo y en América Latina, se han incrementado las preocupaciones sobre el debilitamiento de la democracia y la erosión de la institucionalidad. En Nicaragua, por ejemplo, las alertas suenan aún más fuertes, frente a los pronunciamientos del régimen autoritario que afirma que no habrá más elecciones y a la decisión de distintos países de la Organización de Estados Americanos de no tomar acciones al respecto –entre ellos México–; en El Salvador se profundizan las preocupaciones sobre los impactos en derechos humanos con las imágenes de juicios masivos sin garantías en el marco del régimen de excepción, la criminalización de periodistas y personas defensoras de derechos humanos y la próxima jornada electoral en 2027; mientras que quien asumió la presidencia en Colombia, llegó al poder con un discurso abiertamente anti derechos y amenazante contra la izquierda en ese país.
Frente a este contexto regional es indispensable que en México se amplifiquen las reflexiones sobre los retos de la defensa de la institucionalidad democrática y el espacio cívico. Si bien la comunidad internacional ha celebrado los avances en el país en materia de derechos sociales y el discurso oficial mantiene la defensa de los derechos como un estandarte, es necesario hacer un recuento de los debates actuales sobre las decisiones que han puesto en juego el equilibrio democrático. En ese contexto, el pasado 21 y 22 de agosto, distintas organizaciones civiles de al menos 10 entidades de la República –entre éstas Coahuila, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Veracruz y Tabasco– llevamos a cabo el “Taller Nacional sobre Institucionalidad Democrática” en el Centro Prodh, en donde reflexionamos sobre los obstáculos a los que se enfrenta la sociedad civil en general para la defensa de los derechos humanos.
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