No es novedad que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) no se sitúe del lado de las víctimas de la triste noche de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, en la que 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos.
Antes de 2018, la actuación de este órgano constitucional autónomo quedó marcada por la emisión de una recomendación, publicada al final de la presidencia de Enrique Peña Nieto –literalmente, en el último día de esa administración–, que no contribuyó sustancialmente al esclarecimiento de lo ocurrido con los 43 normalistas desaparecidos. Los autores de esta recomendación, además, sin dar la cara en público, se han dedicado por años a alimentar especulaciones carentes de sustento científico, como la pretendida posibilidad de extraer ADN de piezas óseas severamente dañadas, encontrando eco en cierto sector de la prensa que sigue el caso.
Pero lo que ha ocurrido después de 2018 ha sido incluso peor que este antecedente remoto. Urgida de obtener legitimidad por su cuestionada elección y más aún tras su inmerecida reelección, la ombudsperson María del Rosario Piedra Ibarra y su equipo de colaboradores han intentado una y otra vez instrumentalizar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos. La recomendación, emitida en días pasados, es el más reciente episodio de este infructuoso empeño.
Lee el artículo completo de Santiago Aguirre en A dónde van los desaparecidos.