Maité Azuela plantea una serie de preguntas sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) tras la publicación de su recomendación sobre el caso Ayotzinapa. Centrándose en si una institución creada para vigilar al poder puede conservar autoridad moral cuando los colectivos de víctimas comienzan a dudar de su independencia. La Constitución imaginó un ombudsman dispuesto a mirar al poder con desconfianza; hoy muchos colectivos encuentran una institución que observa con mayor severidad a quienes cuestionan al Estado que al propio Estado.
La recomendación dedica energía institucional a desacreditar al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que llegó a México porque el propio Estado aceptó haber perdido credibilidad para investigar la desaparición de los 43 estudiantes, y cuyos informes derrumbaron la “verdad histórica“, documentaron irregularidades procesales y evidenciaron información militar relevante que permanecía fuera del expediente. Lo mismo ocurre con el Centro Prodh, que acumula más de tres décadas litigando casos de desaparición forzada, tortura y ejecuciones extrajudiciales, y cuyo trabajo ha contribuido a construir criterios de la Suprema Corte y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El contraste es profundo bajo la presidencia de Rosario Piedra Ibarra en la CNDH, cuya historia familiar marcada por décadas de confrontación con un Estado que negaba responsabilidades hacía anticipar una institución particularmente sensible frente al dolor de las víctimas. México supera las 130 mil personas desaparecidas, las madres buscadoras siguen encontrando fosas antes que las autoridades y el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha advertido sobre los elevados niveles de impunidad. En ese contexto, señala Azuela, cada palabra del ombudsman nacional contribuye a fortalecer o debilitar la confianza de quienes esperan verdad.
Lee la columna de Maité Azuela en El Universal.