Edgar Cortez, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), parte de un contraste generacional para analizar la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre el caso Ayotzinapa. Doña Rosario Ibarra de Piedra dedicó su vida a exigir verdad y justicia por las personas desaparecidas y cuestionó a presidentes y políticos por su negativa a reconocer las desapariciones en México. Su hija, Rosario Piedra Ibarra, preside la CNDH sin una trayectoria de acompañamiento a víctimas de violaciones a derechos humanos, y es hoy quien firma una recomendación que exonera al Ejército de responsabilidad en la desaparición de los 43 normalistas y descalifica al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y a las organizaciones que han acompañado a las familias desde 2014.
El intento de deslegitimar al Centro Prodh carece de sustento porque la CNDH se ha convertido en portavoz del Poder Ejecutivo y ha respaldado la militarización de la seguridad pública y la ampliación de la prisión preventiva oficiosa, perdiendo la legitimidad que requeriría para descalificar a otros actores.
El Centro Prodh acumula 38 años de trabajo en defensa de los derechos humanos con financiamiento internacional ante la ausencia de recursos públicos para causas sociales en el país, con casos emblemáticos como los zapatistas, los campesinos ecologistas y las mujeres de Atenco. Cuando se sumó al caso Ayotzinapa ya lo respaldaba más de un cuarto de siglo de trayectoria. Para Edgar Cortez, el intento de descalificación difícilmente prosperará frente a ello, mientras el Centro Prodh seguirá al lado de las familias en la exigencia de verdad y justicia.
Lee el artículo de Edgar Cortez en IMDHD.