Siete años después de la creación de la Guardia Nacional, el séptimo Informe Semestral de la Fuerza Armada Permanente en Tareas de Apoyo a la Seguridad Pública, del periodo noviembre 2025 a mayo 2026, registra 45,247 elementos desplegados en las 32 entidades, un crecimiento de más del 50% respecto a 2025, con Sinaloa concentrando el 25% del total. La Guardia Nacional creció más de un 60% en la actual administración y acumula 387 quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que únicamente emitió una recomendación. El informe señala incorrectamente que la Secretaría de la Defensa Nacional no recibió recomendaciones de la CNDH en ese periodo, cuando en noviembre de 2025 el organismo emitió al menos una por el asesinato de las niñas Leidy y Alexa en Sinaloa.
La expansión del despliegue no ha venido acompañada de mecanismos de control civil. Aunque desde 2019 los elementos militares están obligados a cumplir con la Ley Nacional del Registro de Detenciones, entre noviembre de 2025 y mayo de 2026 solo existen 1,221 registros del Ejército frente a 8,261 órdenes de aprehensión ejecutadas. Los reportes sobre uso de la fuerza previstos en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza siguen sin hacerse públicos, y la Comisión para la Evaluación y Seguimiento de la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública sigue sin instalarse.
La semana en que se entregó el informe al Senado se conocieron nuevos detalles sobre el entramado de fraude y corrupción en aduanas presuntamente encabezado por mandos del Ejército para el contrabando de combustible, que se suma a escándalos documentados en la Secretaría de Marina. La expansión de las funciones civiles de las Fuerzas Armadas no está exenta de corrupción ni de abusos.
Lee el artículo completo del Centro Prodh en Animal Político.