En 2026 se cumplen 20 años de la creación del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, órgano subsidiario de la Asamblea General que en 2006 sustituyó a la Comisión de Derechos Humanos. El nuevo organismo introdujo mecanismos como el Examen Periódico Universal y ese mismo año entraron en vigor el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura, que creó el Subcomité para la Prevención de la Tortura, cuyo mandato incluye visitar lugares de privación de la libertad y que en 2026 realizó su tercera visita a México; la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la que emana el Comité contra la Desaparición Forzada; y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, también impulsada por México.
El sistema a dos décadas de su creación, enfrenta retos de financiamiento, legitimidad y polarización geopolítica, pero sus Procedimientos Especiales y Comités siguen siendo de los pocos espacios donde víctimas y organizaciones de la sociedad civil encuentran respuesta frente a la falta de atención en sus países. Cuando el Comité contra la Desaparición Forzada activó por primera vez en su historia el procedimiento del artículo 34 de la Convención ante la crisis de desapariciones en México, la reacción del Estado fue defensiva, y las voces llamadas a respaldar públicamente la legitimidad del mecanismo mantuvieron una posición de bajo perfil.
El debilitamiento del sistema multilateral ocurre mediante ataques frontales desde los gobiernos y también desde el silencio de quienes tienen el mandato de protegerlo. Durante el diálogo conmemorativo por los 20 años del Consejo, la relatora sobre Educación en representación de los Procedimientos Especiales advirtió que “los derechos humanos están bajo asedio” y que el sistema debe fortalecerse en su conjunto. La defensa de esa institucionalidad se demuestra aceptando el escrutinio, implementando recomendaciones y escuchando a las víctimas cuando los mecanismos internacionales señalan fallas que el debate interno ha sido incapaz de resolver.
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