En el artículo de opinión “Las dos caras de la justicia frente a la prensa” Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19 México y Centroamérica, argumenta que la justicia en el país es más eficaz para perseguir periodistas que para protegerlos, y que los casos recientes de San Luis Potosí y Veracruz ilustran esa contradicción.
En San Luis Potosí, la aplicación de la llamada “Ley Serrano“, una reforma ambigua al Código Penal del estado que incorporó nuevos delitos vinculados al uso de inteligencia artificial, derivó en la detención de dos periodistas en mayo de este año. Para Maldonado, el problema de fondo es la decisión de responder a desafíos tecnológicos con el derecho penal como mecanismo agresivo del Estado. Llama a la Suprema Corte de Justicia de la Nación a resolver la acción de inconstitucionalidad 132/2025 promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos conforme a los más altos estándares de Derechos Humanos, y al Congreso local a atender la iniciativa ciudadana impulsada por Artículo 19 que llama a corregir la legislación.
En Veracruz, el contraste es inverso. La desaparición de la periodista Roxana Guzmán el 2 de junio en Nanchital y el asesinato del periodista Luis Ángel López, pese a contar con medidas de protección, exponen la debilidad institucional para garantizar los derechos de las y los comunicadores, mientras la misma Fiscalía estatal demuestra eficacia para encarcelar al periodista Rafael León Segovia bajo cargos de terrorismo.
Para Maldonado, ambos casos son expresiones distintas de una enfermedad institucional.
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