En el artículo “La recomendación de la CIDH que no ayudará a las familias de las y los desaparecidos”, Santiago Aguirre analiza el informe “Desapariciones en México” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y reconoce el reposicionamiento de la voz internacional tras la fallida visita del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y confirma que la crisis de desapariciones persiste, una verdad relevante que se busca negar.
El informe identifica los tres tipos de desaparición que ocurren en el país y califica la impunidad estructural como “un problema infranqueable“.
Sin embargo, Aguirre señala dos preocupaciones. La primera, que durante la presentación del informe, parte de la representación de la CIDH enalteció la apertura del actual gobierno al escrutinio internacional, afirmaciones que no pueden desvincularse del contexto de erosión democrática que atraviesa el país ni del rechazo oficial a las observaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU. La segunda, y más grave para la lucha contra las desapariciones: la recomendación de que el Estado legisle en su derecho interno el alcance de la “aquiescencia“.
Para Aguirre, el problema de la aquiescencia en México reside en la investigación, pues es resultado de la colusión con grupos criminales que genera la gobernanza criminal, no de la redacción de la ley. La crisis no se resolverá con más reformas que simulan atender el problema; el camino más provechoso es el que propone el Comité CED: medidas extraordinarias con asistencia técnica internacional.
Lee el artículo completo de Santiago Aguirre en A dónde van los desaparecidos.