La iniciativa presentada por el Ejecutivo federal sobre la Reforma Judicial no corrige las principales deficiencias y riesgos observados en la Elección Judicial, pese a que previamente un grupo de legisladores del oficialismo había presentado una propuesta para subsanar algunos de los aspectos más graves.
Resulta particularmente preocupante la omisión de una revisión profunda a los requisitos y mecanismos que garanticen la idoneidad e independencia de las personas juzgadoras, así como la falta de una modificación permanente a la concurrencia entre el proceso electoral político y el judicial, más allá de la elección de 2027.
Para garantizar la justicia en México, es indispensable priorizar la independencia del Poder Judicial y reducir su control político. La concurrencia de elecciones ordinarias, elecciones judiciales y/o ejercicios de revocación de mandato en una misma jornada electoral –sin establecer mecanismos claros para evitar la intervención de representantes de partidos políticos en una única casilla– profundiza ese riesgo.
Lamentamos el anuncio de una reforma insuficiente y apresurada, que no reconoce las principales falencias y consecuencias del modelo de elección y se limita a presentar ajustes superficiales para abordar cambios menores y atender los retos de financiamiento del proceso electoral.
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