El problema de crisis forense, surgido a partir del aumento significativo en los casos de desaparición de personas en México, tiene que ver con carencias que imposibilitan la restitución de los cuerpos a sus familiares.
Factores como la inoperancia de centros de resguardo de restos humanos, falta de capacidades de identificación y tecnología, insuficiencia de personal pericial y la inexistente trazabilidad de los restos: saber en dónde quedaron los cuerpos analizados después de ser localizados, son factores que afectan la entrega digna de los cadáveres y, en consecuencia, una mejor operatividad de los servicios médicos forenses.
Iniciativas gubernamentales como el Mecanismo de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana o los propios Centros Regionales de Identificación en los estados, quedaron en el abandono y se encuentran en calidad de “elefantes blancos” que no dan resultados ni se encuentran actualmente en operación.
Así lo considera César Contreras León, colaborador en el Área de Defensa Integral en Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez AC (Centro Prodh), quien además señala que dichas estrategias estaban pensadas e impulsadas por las familias de desaparecidos, respaldadas por su exigencia de que se hiciera frente a la crisis.