Entre un mar de información dolorosa para muchas familias de víctimas de graves violaciones a derechos humanos, la semana pasada hubo una noticia sobre un paso relevante en la búsqueda de justicia frente a la persistente impunidad militar.
El pasado 6 de abril, el Juez Josué Noé Egure Yáñez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal con sede en Los Mochis, vinculó a proceso 13 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) por el homicidio de las niñas Leidy y Alexa, de 7 y 11 años, respectivamente, ocurrido el 6 de mayo de 2025 en Sinaloa.
Los elementos también están siendo procesados por la tentativa de homicidio de una adolescente de 14 años, un adolescente de 12 años y dos adultos más, todos integrantes de la misma familia. Esta noticia no es menor. En un país donde se ha profundizado el empoderamiento militar en la vida pública y donde los procesos de justicia vinculados a fuerzas armadas comúnmente se ven obstruidos para proteger a las instituciones castrenses, la decisión es inédita; sin embargo, aún queda un camino por delante para garantizar justicia y reparación tras un hecho tan atroz.
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