El 8 de abril, el gobierno de México dio a conocer que analiza explotar fuentes “no convencionales” de gas mediante fractura hidráulica (fracking), con la condición de que se usen tecnologías que disminuyan el impacto ambiental.
Debido a esto, más de 80 organizaciones, entre ellas la Alianza Mexicana contra el Fracking, señalaron a la presidenta que explorar una versión “sustentable” de la técnica de fracturación hidráulica para la obtención de gas “puede sonar prometedor en el discurso, pero en los hechos no existe”.
En un comunicado, las ONG indicaron que el hecho de que la presidenta planteara esa posibilidad de explotación y anunciara la integración de un comité científico para evaluar si esa explotación es viable, es “un giro político que contradice el compromiso del Gobierno de no permitir la explotación de hidrocarburos mediante fracking en el país”.