El pasado 10 de marzo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó la Resolución 1/26 sobre Crimen Organizado y Derechos en las Américas, que delinea estándares que deben seguir los Estados para cumplir sus obligaciones en el combate a ese fenómeno.
Frente al brutal panorama de violencia a nivel regional, es necesario que las recomendaciones de la Comisión sean analizadas con seriedad, tomando en cuenta los retos locales en cuanto a presencia criminal, su relación con autoridades de distintos niveles de gobierno y su alcance transnacional, la falta de acciones de prevención y la necesidad de fortalecer espacios multilaterales que respeten y promuevan los derechos humanos. Esto, en lugar de políticas centradas mayormente en aumentar el número de detenciones, profundizar la militarización o el uso indiscriminado de prisión preventiva, que se han llevado al extremo en algunas regiones de Latinoamérica, como sucede actualmente en El Salvador.
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