
Una iniciativa de ley presentada en Jalisco que busca limitar la colocación de fichas de búsqueda a “espacios públicos no prohibidos” generó el rechazo de familiares y colectivos de personas desaparecidas. La controversia escaló hasta el punto de que, desde el Congreso, se prometió arreglar el .
En un estado donde el retiro discrecional de las cédulas por policías y funcionarios de distintas áreas de gobierno ha sido una constante, el pasado viernes 13 de marzo, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales, lamentó lo que consideró una “malinterpretación” de la iniciativa, y aseguró que antes de llevarla al Pleno se harán ajustes para que se eliminen los términos que impliquen una restricción a la pega de fichas de búsqueda.
Lo que no puntualizó fue que, desde el pasado diciembre, esta comisión avaló reformas al Código Penal y a la Ley de Personas Desaparecidas para tipificar como “abuso de autoridad” el impedir la colocación de fichas de búsqueda, “ya sea en medios digitales o en espacios públicos no prohibidos, o que las borren, manipulen, oculten o retiren sin causa legal”.
