Mucho se ha debatido en torno a la relativamente reciente reforma al Poder Judicial en nuestro país y a las determinaciones que marcarían un antes y un después. La realidad es que tratándose de casos emblemáticos que involucran al Estado en crímenes contra movimientos sociales y sus líderes, la impunidad ha sido históricamente garantizada y no encontramos evidencias de que ahora sí los nuevos jueces y juezas los resolverán.
Con el agravante de que no se tocó a las fiscalías encargadas de realizar una investigación confiable para ser presentada por vía jurisdiccional.
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