Al iniciar en el Senado la discusión pública de la iniciativa para instaurar los jueces y magistrados sin rostro en casos de delincuencia organizada, expertos advirtieron que es una figura inconstitucional e inconvencional que no ha servido en otros países para evitar la presión o ataques hacia los juzgadores.
Por ello, el presidente de la Comisión de Justicia del Senado, Javier Corral (Morena), reconoció que “el reto es mayor” para corregir la iniciativa, a efecto que no contravenga el artículo 8.1 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, así como resoluciones del Comité de Derechos Humanos de la ONU, como lo señalaron expertos como María Luisa Aguilar del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
María Luisa Aguilar señaló que el Estado mexicano tiene la obligación de proteger a los juzgadores bajo riesgo o peligro, pero resaltó que el anonimato judicial no es compatible con los principios de un juicio justo.
Indicó que los jueces sin rostro violaría el artículo 8.1 de la Corte Americana porque impide a cualquier persona procesada conocer la identidad de la persona juzgadora y cuestionar su competencia, imparcialidad y promover su recusación.
Añadió que el Comité de Derechos Humanos de la ONU ha advertido que los tribunales de jueces anónimos no satisfacen las garantías mínimas fundamentales de imparcialidad.
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