La organización Litigio Estratégico Indígena A.C. promovió una demanda de amparo con el objetivo de obligar al Congreso de la Unión a expedir la Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Comunidades Afromexicanas, ante el incumplimiento del mandato constitucional vigente, que desde el 2024 solicitó al congreso expedir dicha ley en un plazo de 180 días, pero no se ha emitido.
Dicha reforma fue anunciada el 30 de septiembre de 2024 por la administración anterior, pero fue criticada por organizaciones sociales, comunidades y pueblos indígenas, que aseguraron sigue “sin garantizar plenamente los derechos al territorio y recursos naturales, así como a la representatividad política”.
A través de un comunicado, Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico Indígena A. C., explicó que ha pasado más de un año y los legisladores y legisladoras que conforman el Congreso de la Unión no han aprobado la Ley General, con la cual se busca aterrizar los derechos ya reconocidos en el artículo 2 de la Constitución Mexicana para pueblos indígenas y afromexicanos.
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