Las primeras dos semanas de este 2026 trajeron consigo una serie de sucesos vertiginosos que pusieron al centro la agenda regional y global sobre derechos humanos. Tras la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela y la amenaza de controlar el país como un protectorado, distintos actores llevaron la discusión pública hacia una falsa disyuntiva: ¿es necesario priorizar la protección a la soberanía de las naciones o poner por encima la denuncia de las graves violaciones a derechos humanos?
La discusión sobre cómo debe actuar el Estado mexicano frente a las distintas presiones estadounidenses no ha sido ajena a este falso dilema. Desde distintos espacios se ha planteado una supuesta contradicción entre señalar los múltiples retos en cuanto a la persistencia de la violencia y la crisis en materia de derechos humanos, ante un panorama complejo en donde el presidente de Estados Unidos ha hecho señalamientos de emprender acciones en nuestro país. El tema no es menor y hay que denunciar estos discursos que apuestan a respuestas bélicas y no a la cooperación. No obstante, como en el panorama internacional, la disyuntiva no existe.
Subrayar los retos en nuestro país en materia de derechos humanos para este 2026 tiene el único propósito de hacer un llamado a fortalecer la democracia y, con ello, garantizar los derechos y la dignidad de todas y todos los mexicanos.
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