La nueva Corte, tristemente y pese a contar con todas las posibilidades para hacerlo de manera distinta, decidió darle la espalda a las víctimas de la violencia y de violaciones a derechos humanos.
El pasado 18 de noviembre el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló una reforma regresiva a la Ley General de Víctimas (LGV), con la que se eliminó la garantía de contar con un presupuesto mínimo y exclusivo para la entrega de medidas de ayuda, asistencia y reparación para las víctimas.
Lo hizo a través de argumentos políticos, engañosos e insustanciales. Más grave aún, de manera velada, derrumbó la unanimidad de una sentencia emitida por la anterior Corte, dándole la razón a quienes han levantado preocupaciones por la falta de certeza jurídica derivada de la reforma judicial de la que tanto alertamos en el pasado.
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