La noche del 1 de noviembre, en medio de un evento público, fue asesinado Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, un suceso que estremeció al sector político y a la sociedad civil en general, incluyendo sectores eclesiásticos y académicos. Es el séptimo alcalde asesinado en el país durante la actual administración federal. El hecho es un reflejo de la persistencia de violencia generalizada, derivada de las amplias redes de macrocriminalidad que desde hace más de dos décadas existen en la entidad y en muchas otras zonas en nuestro país. Sin duda, el alcance de estas redes y de la gobernanza criminal que ejercen es una de las principales amenazas para la democracia en este país.
Como se ha mencionado desde Palacio Nacional, y como hemos señalado desde la sociedad civil en distintas ocasiones, la situación crítica en la que nos encontramos no es reciente, sino que se fue incrementando desde el amplio despliegue de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad desde los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto en la llamada “Guerra contra el narcotráfico”, la cual simbólicamente inició ahí, en el mismo estado de Michoacán. Sin embargo, también es necesario enfatizar que el modelo de seguridad de las dos últimas administraciones tampoco ha sido efectivo en el avance de la disminución de la violencia, reflejado así en la tasa bruta de homicidios por cada cien mil habitantes que permanece en un nivel alarmante, según datos del INEGI de enero a diciembre de 2024, a lo que se le suma el severo incremento de las desapariciones en el país.
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