Los frentes se multiplican para las organizaciones que velan por mantener intacto el recurso de amparo, la herramienta con la que la ciudadanía combate los abusos de las autoridades.
El Ejecutivo de Claudia Sheinbaum promueve una reforma legal que trastoca en numerosos puntos este instrumento y que ya pasó, con algunas modificaciones, el visto bueno del Senado.
El Poder Judicial se suma a los otros dos en el asedio de esta figura. La Suprema Corte (SCJN) ha pospuesto el debate de un proyecto de la ministra Yasmín Esquivel que va en el mismo sentido que la iniciativa presidencial. Es decir, restringe el alcance del interés legítimo, el supuesto bajo el que los organismos de derechos humanos han podido presentar históricamente sus demandas de amparo.
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