Según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 —publicada recientemente por el INEGI—, en el 93.2% de los delitos no hubo denuncia ni investigación formal. Esto significa que sólo uno de cada diez llegó al sistema de justicia.
Vale la pena insistir en este dato, que muestra la magnitud del problema de impunidad en el país: 9 de cada 10 delitos quedan sin sanción.
La cifra retrata una realidad dolorosa e insoslayable. La impunidad sigue campeando en el país, por más que diversas voces insistan que nuestra Nación transita por una vía promisoria en justicia y seguridad.
Y aunque se nos distraiga con diagnósticos errados, la realidad es que, detrás de esta estadística apabullante, subyace —ante todo— la crónica debilidad de las fiscalías. Penosamente, como han documentado el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero y otras instancias, en los últimos años no se observan mejoras sustanciales en la capacidad de estas dependencias estatales para llevar los casos a buen término, a pesar de las numerosas reformas legales.
Lee el artículo completo de Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana, en El Universal.