Hace once años la historia reciente del país se quebró. Cuarenta y tres estudiantes mexicanos desaparecieron sin dejar rastro. Gobernaba el PRI, la llamada cuarta transformación todavía no existía y la indignación atravesó fronteras. El nombre de Ayotzinapa se volvió herida abierta, un reclamo que aún hoy no cicatriza.
Cuatro años después de la desaparición, Andrés Manuel López Obrador, en campaña, prometía verdad y justicia. Garantizó a madres y padres que su gobierno no solo encontraría a sus hijos, sino que además rompería el pacto de impunidad. Siete años después, la promesa es un eco vacío. Ni verdad ni justicia, solo la prolongación de la impunidad.
Hoy, en el primer aniversario de Ayotzinapa bajo el gobierno de Claudia Sheinbaum, el escenario es el mismo: Palacio Nacional abre sus puertas a los familiares, se reiteran promesas, se anuncian investigaciones que “continuarán”. La reiteración cansa. Once años de espera desgastan a cualquiera. Nadie debería pasar más de una década pidiendo que el Estado haga lo que nunca debió omitir: encontrar a los desaparecidos y juzgar a los responsables.
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