A raíz de la crisis de derechos humanos que vivimos actualmente en México, con más de 130 mil personas desaparecidas según cifras oficiales, las investigaciones en torno al tema desde las ciencias sociales y forenses han aumentado considerablemente: tesis de licenciatura, maestría y doctorado, así como investigaciones individuales o colectivas sobre el tema, se pueden encontrar en las bases de datos de las bibliotecas universitarias o en los listados de publicaciones elaborados por los programas de inteligencia artificial. Sin embargo, no todos estos trabajos son producto de investigaciones de campo que partan de un compromiso de largo aliento con los colectivos y organizaciones de la sociedad civil que ponen el cuerpo en la búsqueda.
La publicación de libros elaborados a larga distancia, en idiomas que no son accesibles para los y las personas cuyas realidades se describen, libros caros y de difícil acceso para quienes ven sus vidas representadas en esos textos, ponen en la mesa los dilemas éticos y políticos de la escritura académica en torno al sufrimiento social.
Al igual que los pueblos indígenas y otros movimientos sociales en el pasado, las organizaciones de familiares de personas desaparecidas se han negado a ser solo “objetos de estudio” de la academia, exigiendo un compromiso ético y político por parte de los y las investigadoras, con sus luchas en contra la desaparición forzada.
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