Con consignas, pancartas y el cierre momentáneo de los accesos a las sedes del Poder Judicial de Tlaxcala y del Poder Judicial de la Federación, habitantes de San Pedro Tlalcuapan, comunidad del municipio de Chiautempan, exigieron, este martes, la liberación de su expresidente de comunidad, Saúl N. quien desde 2022 permanece recluido tras ser sentenciado por su supuesta participación en un linchamiento ocurrido en abril de ese año.
Los manifestantes, respaldados por colectivos en defensa del territorio y organizaciones nacionales de derechos humanos como el Centro Prodh, acusaron que el caso de Saúl N. ha sido manipulado y alertaron que su libertad depende ahora de la pronta resolución de un amparo directo interpuesto desde diciembre de 2024 ante el Segundo Tribunal Colegiado del XXVIII Circuito. Si no hay resolución antes del 1 de septiembre, advierten, el proceso deberá reiniciarse con la llegada de nuevos magistrados.
“A Saúl lo condenaron sin pruebas. Ni siquiera estuvo en el lugar de los hechos. Fue juzgado solo por ser autoridad comunitaria y por pertenecer a un pueblo originario. Eso es discriminación institucional”, denunció Neftaly Pérez Rodríguez, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez.
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