La semana pasada concluyó un periodo legislativo extraordinario con cambios significativos para la seguridad, la justicia y los derechos humanos en México.
En el debate parlamentario, se discutieron modificaciones en la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, la Ley General del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Ante estas nuevas reformas, el Estado adquiere una serie de poderes amplísimos para la vigilancia digital, con más bases para emplear nuevas tecnologías en seguridad, más militarización y centrado en políticas de seguridad. Estas nuevas herramientas representan un gran riesgo para la privacidad y otros derechos humanos.
Bajo ese contexto, también es importante considerar que las instancias preexistentes de control y monitoreo se encuentran debilitadas o han sido eliminadas; es decir que ciertos organismos ya no pueden responder ante quejas en cuanto a privacidad, seguridad, abusos militares y corrupción.
Sobre esto, escribimos en Animal Político.