Desde 2015, el Estado mexicano únicamente ha aplicado 18 de las 80 observaciones en temas de seguridad, tortura, militarización y desapariciones forzadas por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La CIDH comentó que en la actualidad persisten desafíos significativos para la implementación efectiva de las recomendaciones, especialmente en el tema de la militarización de la seguridad pública a partir del traslado de la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA).
A su vez, externó su preocupación sobre las tensiones en torno a la reforma judicial y las garantías de independencia e idoneidad de las personas operadoras de justicia.
Tras recibir respuestas del gobierno, la CIDH identificó que continúa la violencia contra personas y grupos vulnerados, como mujeres, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, comunidad LGBT+, familias buscadoras y gente en movilidad.
Al respecto, especialistas lamentaron el actuar del gobierno mexicano al no atender las recomendaciones de la CIDH y de otros organismos internacionales como el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) y el Comité para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).
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