Con el inicio del segundo mandato presidencial de Nayib Bukele, El Salvador ha experimentado un alarmante incremento de hostigamiento, persecución y criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y organizaciones de la sociedad civil.
Es por ello que Amnistía Internacional nombró a la abogada Ruth López, al defensor ambiental Alejandro Henríquez, y al pastor José Ángel Pérez como personas presas de conciencia.
Esta designación se basa en un análisis de las circunstancias de la detención; dicho estatus se otorga a personas que han sido privadas de su libertad por expresar pacíficamente sus ideas, ejercer sus derechos o por motivos relacionados con su identidad.
Ruth López, abogada y defensora de derechos humanos, fue detenida el 18 de mayo bajo acusaciones iniciales de peculado, el cual fue sustituido posteriormente por enriquecimiento ilícito. Su detención se realizó sin garantías y en un proceso bajo reserva judicial.
Alejandro Henríquez, abogado y defensor ambientalista, fue detenido el 13 de mayo al participar en una protesta pacífica contra un desalojo forzoso. Desde su detención, se le ha negado el acceso a su defensa legal y a información sobre su situación. Alejandro Henríquez fue trasladado al penal “La Esperanza”, en el que se encuentra incomunicado, en condiciones de hacinamiento extremo y expuesto al riesgo de sufrir tortura.
José Ángel Pérez, pastor evangélico y presidente de la Cooperativa El Bosque, fue detenido por la misma causa que Alejandro Henríquez. Su criminalización es un intento de desalentar la acción colectiva en las comunidades rurales.
Amnistía Internacional expresó su solidaridad con víctimas de la criminalización y hostigamiento, al mismo tiempo que exigió a las autoridades salvadoreñas liberar a las personas reconocidas como presas de conciencia y a detener el uso indebido del sistema penal para perseguir y hostigar.
Lee el comunicado de prensa completo en Amnistía Internacional.