Durante el Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de Tortura, se presentó el Índice Mundial de Tortura, el cual es una herramienta diseñada para evaluar el riesgo de tortura, los marcos jurídicos, políticas públicas y sus impactos a partir de información proporcionada por más de 200 organizaciones.
Desde hace años, organismos internacionales han detectado que en México la tortura sigue siendo una práctica común en procesos de investigación y en la prevalencia de Espacios para Corregir la Orientación Sexual e Identidad de Género (ECOSIG).
Aunque México tiene una legislación avanzada en materia de tortura a nivel internacional, el Índice lo clasificó como un país con alto riesgo de tortura, lo cual evidencia las deficiencias y desafíos en la implementación de políticas contra la tortura.
La admisión de pruebas obtenidas bajo tortura, la progresiva militarización, la prevalencia del arraigo y la prisión preventiva oficiosa, el uso del Protocolo de Estambul para ocultar su comisión son algunos de los factores que contribuyen a la permanencia de la tortura en México.
Los incumplimientos del Estado ante los compromisos internacionales solo han profundizado la crisis de violaciones de derechos humanos en el país, la cual se ve agravada por la negación de la existencia de la problemática.
Lee la columna completa de Anna Karolina Chimiak, co-directora de Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, A.C., en Diario NTR Guadalajara.