La reforma en materia de desaparición de personas no atiende las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada (CED), señaló Santiago Corcuera, expresidente de dicho órgano de las Naciones Unidas.
La iniciativa de reforma propone, entre otros cambios legislativos, la creación de protocolos de seguridad y protección a familias buscadoras; registro inmediato y obligatorio de reportes de desaparición; carpetas de investigación iniciadas sin demora; sanciones a autoridades que omitan registros o investigaciones.
Dicha iniciativa fue criticada por familiares de personas desaparecidas por imponer un sistema de vigilancia masiva sin atender la crisis de desapariciones en el país.
A su vez, Corcuera señaló que no se establecen las condiciones en las que desapariciones forzadas deben considerarse crímenes de lesa humanidad ni las reglas para determinar la responsabilidad penal en superiores jerárquicos.
Corcuera también puntualizó que la militarización de la seguridad pública, a partir de la reforma constitucional y la legislación recién aprobada, va completamente en contra de las recomendaciones del comité al respecto.
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