En 2024, la libertad de prensa enfrentó una crisis global sin precedentes. Informes de organizaciones como Reporteros Sin Fronteras (RSF) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revelan un deterioro alarmante en el ejercicio del periodismo, incluso en democracias consolidadas.
Particularmente, en lo que respecta a la región centroamericana, esta crisis se acrecienta, entre otras cuestiones, por el ascenso y la prevalencia de regímenes autoritarios y corruptos que reprimen sin cavilación alguna ante el disenso. Los estados de excepción se posicionan como una de las estrategias inmediatas para silenciar a las voces críticas.
El Salvador es un bastión preocupante de esta tendencia. En el informe Resonancia y disputa: espacio cívico en Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, sobre libertad de expresión y de prensa, ARTICLE 19 identificó que tras la reelección presidencial -abiertamente inconstitucional1– de Nayib Bukele, en febrero de 2024, el país experimenta un grave retroceso democrático con la concentración del poder ejecutivo, el debilitamiento de las instituciones y la profundización en la violación sistemática de derechos humanos, concretamente sobre la libertad de expresión y prensa.
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