A inicio de marzo del 2025, colectivos de familiares de personas desaparecidas en Jalisco, hallaron en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, tres hornos crematorios dentro de un centro de reclutamiento del crimen organizado, cuyo punto nodal fue la localización de más de 400 pares de zapatos. Este hecho evidenció que la desaparición de personas no se detiene, debido a omisiones y la falta de atención del Estado mexicano, siendo que se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos de manera generalizada y sistemática. Esta situación no puede operar sin un marco de protección que lo permita desde las estructuras del Estado. Además, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 8 de abril de 2025, más de 127,050 personas se encuentran desaparecidas y no localizadas en todo el país.
En el mes de marzo, el Colectivo chiapaneco de “Madres en Resistencia” buscando a Cassandra Isabel Arias Torres, desaparecida el 17 de diciembre de 2022, encontró armas, drogas y equipo táctico en un rancho del Ejido Salvador Urbina, municipio de Chiapa de Corzo. Un mes atrás, el predio fue cateado por la Fiscalía General del estado, sin reportes de algún hallazgo; esto, pese a que en el municipio se registran al menos 24 personas no localizadas, según los datos oficiales.
En Chiapas hay un evidente incremento de personas desaparecidas. Entre 2019 y 2023, este fenómeno aumentó un 358% en el estado; estos casos se registraron en el marco de la disputa por el territorio entre grupos criminales que actuaban con la tolerancia las autoridades locales, estatales y federales, así como de empresas transnacionales. El objetivo es imponer el control social, económico y político mediante el terror, a la vez que tratar de silenciar cualquier forma de resistencia.
Lee más información al respecto en el artículo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Adondevanlosdesaparecidos.
