Los hallazgos de las madres buscadoras de Jalisco en el rancho Izaguirre de Teuchitlán han sacudido al país. Esto se suma a la crisis forense que atraviesa México: según el Sistema Integral de Información de Derechos Humanos, hay más de 72 mil restos humanos sin identificar. Esta cifra nos obliga a reconocer la magnitud del dolor y la necesidad de atender adecuadamente la cuestión.
La corroboración de que en el inmueble de Teuchitlán eran privados de la libertad jóvenes con fines de reclutamiento forzado, a quienes en caso de resistencia se torturaba y asesinaba brutalmente, nos confronta con el avance de la deshumanización por la violencia. Por ello, la discusión no debería ser cómo nombrar esta realidad de horror, sino cómo revertirla.
Por otro lado, el cúmulo de irregularidades documentadas en la actuación de la Fiscalía de Jalisco y la posterior reacción ambigua de la Fiscalía General de la República, evidencia las graves falencias de nuestro sistema de justicia. Como muestra este caso, estas inconsistencias se relacionan más con el ámbito de la investigación criminal que con su juzgamiento, pese a lo que se nos ha dicho en el marco de la llamada reforma judicial. Las medidas anunciadas para reforzar la atención a la crisis de desapariciones serán insuficientes si no se hacen cargo del debilitado estado de las fiscalías. El indignante espectáculo que fue la apertura del rancho a medios y colectivos nos debería alertar de ello.
Lee el artículo completo de Luis Arriaga, rector de la Universidad Iberoamericana, en El Universal.
