Ante la invisibilización del desplazamiento forzado y otras formas de la movilidad humana aunado al discurso de rechazo y criminalización de personas migrantes, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT) hizo un llamado al gobierno estatal y municipal de Chihuahua a que respeten la Ley de Protección y Apoyo a Migrantes y sus Familias para el Estado de Chihuahua.
Días antes de la investidura de Donald Trump, la Gobernadora de Chihuahua había que el estado no es un lugar santuario para personas en contextos de movilidad humana, por lo que posibles deportados no podrían permanecer en él, informó la Red TDT.
La postura se suma a las acciones violatorias de derechos humanos del Instituto Nacional de Migración que realizó un operativo el 17 de enero violento contra personas migrantes entre las que se encontraban mujeres embarazadas, niñas y niños. Autoridades municipales, estatales y federales acudieron al predio ubicado en la calle Industrial I y Juan Pablo II, en las cercanías de una tienda de conveniencia, al sur de la ciudad de Chihuahua, sin que autoridades civiles mediaran la reubicación de las personas o preguntaran si necesitaban ser reubicadas.
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