Desde su creación mediante decreto presidencial en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) figura en el entramado institucional nacional como uno de los organismos autónomos que velan por la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. No obstante, es bien sabido que su desempeño en sus más de tres décadas de historia ha sido irregular, actuando en pocas ocasiones como auténtico contrapeso frente a los poderes del Estado.
Particularmente, en el último sexenio, la CNDH entró en una espiral de debilitamiento que deslegitimó su actuación en detrimento de los equilibrios democráticos necesarios para nuestra institucionalidad, vulnerando los derechos de las víctimas, quienes tendrían que ser las principales destinatarias de los servicios de este organismo autónomo.
Desde la cuestionada designación de Rosario Piedra se puso en duda la autonomía de esta Comisión dada su afiliación partidista, a lo cual han seguido pautas de acción seriamente cuestionables que han sido motivo de señalamiento dentro y fuera de nuestro país. Pautas que, ahora, encuentran una oportunidad de ser revertidas en la coyuntura de elección del nuevo titular de la CNDH.
Recientemente un importante grupo de organizaciones y asociaciones reunidas bajo el lema #LaCNDHQueQueremos han hecho un recuento de los principales retrocesos de esta comisión en el último sexenio. Entre ellos, destaca que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad promovidas estuvieron focalizadas en el ámbito local, evitando tocar el ámbito federal.
Lee el artículo completo de Mario Patrón, rector de la Universidad Iberoamericana Puebla, en La Jornada.
