Frente a la aprobación de la reforma a la Guardia Nacional (GN) para quedar bajo el cobijo de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), existen preocupaciones latentes sobre las repercusiones que tendrá para el bienestar de las mujeres está decisión, en especial para aquellas que migran, son mujeres indígenas y racializadas, documenta el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
Esta reforma constitucional que fue aprobada en la Cámara de diputados y luego turna al Senado de la República, el día de ayer 23 de septiembre fue aprobada con 25 votos en favor y 10 en contra en comisiones y se prevé que en unas horas más ya sea votada en lo general y sea una realidad.
Por eso es fundamental, señalar que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y una forma de discriminación. Esta no tiene una sola forma de manifestarse, tiene diferentes maneras y modalidades, siendo la violencia sexual y física las más “visibles”, y la violencia institucional la menos evidenciada.
Basta recordar casos emblemáticos como el de Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes fueron violadas y torturadas por militares en Guerrero; o el de Ernestina Asencio, mujer indígena de 73 años que fue torturada sexualmente por militares en Veracruz; o el de 14 trabajadoras sexuales torturadas física y psicológicamente, y violadas repetidamente por un grupo de militares en Castaños, Coahuila.
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