El caso Ayotzinapa camina a un triste cierre sexenal y las familias de los estudiantes desaparecidos vislumbran ya una nueva etapa en su lucha. Los eventos de los últimos días así lo confirman.
Primero, el presidente de la república elaboró un reporte sobre el caso que, en formato de carta, anunció que les sería notificado a cada una de las familias. El proceso de entrega fue accidentado y poco cuidadoso, lo que generó que varios de los núcleos familiares ignoraran su contenido hasta que este fue publicado, prácticamente de forma íntegra, por el periódico La Jornada el sábado 20 de julio.
El texto presidencial escapa a la adjetivación y, más bien, sólo provoca infinita tristeza y decepción, pues es una pieza retórica de defensa a ultranza del Ejército, que poco contribuye al esclarecimiento del caso. Peor aún, en su afán de limpiar la imagen de los castrenses en el caso, el reporte desplaza a los familiares del lugar central que les corresponde como víctimas del caso para postular que en realidad la víctima es la institución militar, que se enfrentaría, en su perspectiva, a una suerte de conjura internacional urdida desde los Estados Unidos para debilitarlo y facilitar la injerencia internacional en México, conspiración de la que harían parte organismos internacionales, periodistas, la DEA, políticos e incluso los organismos civiles de defensa de derechos humanos. Entre estos últimos, destacan los injustos ataques contra el Centro Prodh, con señalamientos infundados y personalizados en contra de Mario Patrón, exdirector del Centro de intachable trayectoria. Una deriva discursiva tan lamentable como infundada y penosa.
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