Cada cuatro años México es evaluado en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el marco del Examen Periódico Universal (EPU). Éste es un mecanismo por el cual los Estados miembros de la ONU son evaluados sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Así, el pasado 5 de julio, México compareció y fijó su posición sobre las 318 recomendaciones recibidas por parte de 114 países.
Si bien México aceptó la gran mayoría de recomendaciones, hubo 14 que no fueron aceptadas y sobre las cuales únicamente “tomó nota”. Además de ser la primera vez que México no acepta tal cantidad de recomendaciones, es relevante resaltar que en los temas no aceptados se incluyen aspectos centrales en materia de seguridad, justicia y movilidad humana. Destaca, en este sentido, las recomendaciones hechas en materia de militarización para el retiro gradual de las fuerzas armadas en tareas civiles y un plan para desmilitarizar la Guardia Nacional.
Si bien el Estado mexicano reconoció que persisten desafíos para atender la crisis de desapariciones, violencia contra las mujeres y la práctica de tortura, entre otras, es de señalar que su postura sobre lo rechazado no es consistente con el compromiso para atender integralmente sus obligaciones internacionales. Las organizaciones de la sociedad civil continuaremos, desde nuestra labor, vigilando las acciones estatales para que se implementen adecuadamente las recomendaciones emitidas y que no sean minimizadas.
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