Mariana Bermúdez en un artículo para La Jornada sintetiza y reflexiona sobre la comparecencia de México ante el EPU llevado a cabo el pasado 4 de julio. Así, recuerda que el EPU es un mecanismo de rendición de cuentas en materia de derechos humanos, el cual practica cada cuatro años el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas hacia sus Estados miembros. Como parte de las obligaciones de éstos ante este ejercicio, los gobiernos deben presentar un informe sobre la situación de los derechos humanos en su territorio y las acciones que han emitido para atender estas problemáticas.
Este año se llevó a cabo el cuarto ciclo del examen para México, en el cual participaron 115 Estados, que emitieron 318 recomendaciones para el gobierno mexicano, de las cuales se aceptaron 304 y se tomó nota de 14. En cuanto a éstas últimas, los temas que primaron fueron los de prisión preventiva, personas en situación de desplazamiento forzado, firma y ratificación de instrumentos internacionales y uso de la fuerza en cuanto a su ley nacional, espionaje y militarización, entre otros.
Frente a este panorama, donde las recomendaciones incrementaron respecto a otros años, se puede hablar de una incapacidad del Estado mexicano para combatir la violencia generalizada, el incremento del crimen organizado y las desigualdades sociales. Además, la aceptación de las recomendaciones por el gobierno mexicano es constatación de la crisis de derechos humanos que acontece y se recrudece cada vez más en el país.
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