Pocas desilusiones tan grandes deja el Gobierno saliente como el estancamiento del caso Ayotzinapa. La investigación del ataque contra un contingente de estudiantes normalistas hace ya casi 10 años en Iguala, en el Estado de Guerrero, y la desaparición de 43, llega al final del sexenio como llegó al final del anterior, en punto muerto. Las pocas novedades sobre el tema responden al interés político del Gobierno, empeñado en no quedar como el malo de la película. Los ocho militares presos por el caso, comidilla de las últimas semanas, ilustra lo anterior.
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