Luego que se cumplieran 3 meses desde el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 personas murieron, 28 resultaron lesionadas y 15 mujeres sobrevivieron, organizaciones denunciaron que a la fecha no haya transparencia en las acciones que las autoridades mexicanas están llevando a cabo para investigar el caso, reparar el daño a las víctimas y sus familias.
De acuerdo con organizaciones como el Instituto para las mujeres en la Migración (IMUMI) y la Fundación para la Justicia, ha habido revictimización y hostigamiento a los sobrevivientes y sus familias durante el proceso.
Las organizaciones que acompañan a seis personas sobrevivientes y sus familias señalaron que el Instituto Nacional de Migración (INM) les presiona para que dejen de comunicarse con la sociedad civil, condicionando el apoyo que reciben para gastos de estancia en México y atención médica derivada del incendio, y al que por ley tienen derecho. Esta situación puede tener la consecuencia de ser deportados a sus países de origen.
También hicieron enfasis que el INM, como presunto responsable de la tragedia del incendio, no puede ser también quien atiende a las familias, pues esta función es responsabilidad de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
