A 27 años de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, firmados por el gobierno con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en 1996 a favor de los derechos indígenas, la Alianza por la Libre Determinación y la Autonomía (ALDEA) denunció la profundización de la violencia contra los pueblos originarios y afromexicanos, así como falta de cumplimiento de los compromisos pactados.
El colectivo señaló que aún no se han reconocido a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público, ni se ha garantizado su libre determinación y autonomía, así como el derecho sobre sus tierras y territorios.
Asimismo, denunciaron violencia hacia estos sectores. Igualmente, advirtieron que no se han concretado otras modificaciones legales en materia de minería, agua, prohibición del fracking y consulta indígena.
Además, recalcaron que no se han cumplido las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador. En contraste, afirman que los megaproyectos prioritarios del Gobierno Federal se han implementado pese a denuncias de violaciones a derechos humanos.
Ante esto, demandaron al gobierno cumplir los acuerdos firmados y presentar en el Congreso las reformas constitucionales pendientes sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos y a la Ley Minera, así como promulgar de una Ley General de Aguas. Además, solicitan la búsqueda de los defensores Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, desaparecidos en enero. Por último, piden detener las agresiones, asesinatos y la criminalización de defensores.
