Se han cumplido más de 15 días desde que fueron desaparecidos el defensor comunitario Antonio Díaz y el abogado de derechos humanos Ricardo Lagunes, en las inmediaciones de Colima y Michoacán. Hasta ahora, el Estado mexicano ha sido incapaz de esclarecer el paradero de ambos, pese a que le han instado a ello mecanismos de derechos humanos como el Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otros actores nacionales e internacionales.
El caso ha conmocionado al movimiento de derechos humanos, en el que Lagunes es reconocido como un solvente abogado que con solidaridad y compromiso ha acompañado a diversas comunidades en lucha a lo largo del país, lo que ha sido recordado en múltiples artículos de prensa y movilizaciones. Como se ha dicho, lo ocurrido muestra sin duda los enormes riesgos que siguen enfrentando quienes defienden los derechos humanos colectivos en territorios que se encuentran comprendidos dentro de las entidades más afectadas por la violencia imperante.
En las conferencias de prensa realizadas en el Centro Prodh para exigir su búsqueda inmediata, familiares y compañeros han insistido en esta dimensión, señalando las responsabilidades de las autoridades locales y federales, en las poco efectivas acciones de búsqueda y localización, y en las fallidas políticas públicas que, lejos de proteger las necesidades de las comunidades, las han dejado a la deriva. Señalan también que la desaparición de los defensores podría derivarse de un conflicto provocado por grupos de poder político y económico que han ejercido múltiples violencias contra las comunidades de la zona, lo que ha puesto en riesgo a quienes defienden la tierra y el territorio ahí.
“Estamos fuertes y unidas, unidos, hasta encontrarles. Queremos hacer saber la exigencia que seguimos haciendo al Estado Mexicano para que implemente todas las acciones de forma coordinada y eficiente para su aparición con vida”, expresó Ana Lucía Lagunes, hermana de Ricardo, durante la conferencia de prensa realizada el 23 de enero.
“Es necesario recalcar la importancia que tiene el sistema de justicia agrario mexicano, en dónde miles de campesinos e indígenas se presentan a los juicios cansados sin los recursos legales para defenderse, sin más medio que esta dependencia de la burocracia que dilata los conflictos (…) Ricardo y Don Antonio no son solamente las únicas personas afectadas en este tipo de conflictos, son una ventana al mundo que nos muestran que en este país hace falta mucho. Hacen falta muchos Ricardos y muchos Antonios que busquen la justicia en todos los sentidos, una justicia integral”, añadió María Ramírez, esposa de Ricardo.
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