Frente a un contexto en el que, de forma paulatina, pero sostenida en el tiempo, se ha ido entregando más poder a las Fuerzas Armadas, esta mañana se dieron cita varias organizaciones y personas especialistas en temas de seguridad y derechos humanos, para reflexionar al respecto.
El encuentro reunió a Daira Arana de Global Thought, Jorge Lule de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Lorena Cano del IMUMI: Instituto para las Mujeres en la Migración, así como a la investigadora Emanuela Borzacchiellon y a la periodista Mariana Hernández, quienes alertaron sobre los inminentes problemas que trae consigo la militarización de la seguridad pública.
Destacaron que, en términos legislativos y prácticos, las reformas aprobadas en días anteriores no sólo son inconstitucionales, sino que se contraponen a diversas recomendaciones de organismos internacionales, así como a todos los esfuerzos y avances normativos que se han venido impulsando —desde hace más de una década— en materia de derechos humanos. Pese a ello, hoy en día, México es uno de los países que ha dado más facultades al Ejército.
Lo anterior evidencia la falta de técnica legislativa y el hecho de que las y los legisladores no necesariamente dimensionan los impactos que conlleva el otorgar más funciones a una institución que no rinde cuentas, que trabaja en total opacidad y sin ningún tipo de controles. En palabras de Emanuela Borzacchiello: “Preocupa que hay una completa falta de subordinación y fiscalización del mando militar al control civil”, lo cual conlleva a un debilitamiento de la institucionalidad democrática del Estado.
Puedes consultar el comunicado completo en la página de Equis Justicia para las Mujeres.