La estremecedora noticia del caso Tadeo y los hallazgos revelados alrededor de este hecho son síntoma de un sistema penitenciario marcado por la sobrepoblación, por regímenes de autogobierno y por el generalizado olvido del derecho a la reinserción social. La Ley Nacional de Ejecución Penal promulgada en 2016 fijó a la reinserción social como el fin último e irrenunciable del sistema penitenciario. No obstante, su implementación permanece muy lejos de su formulación en el papel.
La complejidad y profundidad de la crisis penitenciaria debe resolverse con un enfoque integral, pues fórmulas rápidas y simplistas como la privatización de las cárceles iniciada en 2010 han mostrado ya su ineficacia para resolver esta problemática; ello lo confirma el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH, donde la diferencia en calificación entre centros penitenciarios privados y públicos es prácticamente nula. La deficiente separación entre sentenciados y procesados; el insuficiente personal de seguridad y custodia; el hacinamiento; el autogobierno, y la presencia de actividades ilícitas y cobros dentro de los penales, son parte de un conjunto de 20 deficiencias observadas por el organismo dentro de los centros penitenciarios del país.