En México la justicia tiene precio, cobijo político y gafete de servidor público. Si eres una persona migrante buscando sobrevivir, el Estado te persigue, te encierra y te deja morir. Pero si eres un alto funcionario, el Estado te protege, te perdona y, para rematar, te premia con un nuevo cargo gubernamental.
Lo que presenciamos el martes 13 de octubre, con Francisco G.Y., extitular del Instituto Nacional de Migración (INM) y actual director de Centros de Formación para el Trabajo de la Secretaría de Educación Pública (SEP), no es un acto de justicia, sino una obra de teatro con un guion escrito desde el poder para garantizar la impunidad.
Al excomisionado se le sentó frente a un juez por el incendio ocurrido el 27 de marzo de 2023 en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, donde 40 hombres murieron y 27 sobrevivieron con lesiones graves de por vida. Cualquiera pensaría que el responsable de la política que los encerró bajo llave enfrentaría cargos por homicidio. Pero no. En nuestro país la cuerda siempre se rompe por lo más delgado. La Fiscalía General de la República (FGR) le armó un salvavidas, lo acusó de un delito menor: ejercicio ilícito del servicio público, mientras que a sus subordinados sí les fincó cargos por homicidio.
Lee más en el texto de Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, Instituto para las Mujeres en la Migración y Clínica Jurídica Alaíde Foppa para Personas Migrantes publicado en Proceso.