Desde hace varias semanas, comunidades y habitantes del área metropolitana de Guadalajara, en Jalisco, han realizado protestas y bloqueos para exigir su derecho humano al agua potable y al saneamiento. Lo hicieron tras denunciar durante meses la contaminación del agua de abastecimiento público y por la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades locales.

El domingo 11 de octubre se registraron hechos de represión, violencia y uso excesivo de la fuerza, incluido el lanzamiento de proyectiles de gas lacrimógeno por parte de elementos de seguridad, quienes también lanzaron polvo extintor y agua a presión contra las personas. Los reportes preliminares llegaron a contabilizar 51 personas detenidas arbitrariamente —quienes ya fueron liberadas, algunas todavía con procesos en libertad— y decenas de personas heridas, entre ellas, periodistas que cubrían las protestas. Un hecho completamente reprobable.

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