Las comunidades nahuas de la Montaña baja de Guerrero se han organizado desde 2014 para hacerle frente a la violencia del crimen organizado. Las familias indígenas empezaron a vivir con el horror. Por eso, en el 2020 y 2021 algunos tomaron las armas para defender su comunidad ante la ausencia del Estado.
Defender el territorio y la comunidad tiene un precio muy alto. Los líderes que han abanderado esta lucha son perseguidos y encarcelados. En mayo de 2026 Jesús Plácido y Sixto Mendoza denunciaron las agresiones de la delincuencia contra las comunidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán. El resultado fue letal: 12 personas asesinadas y más de 800 desplazadas. Jesús y Sixto denunciaron ante la opinión pública la ola de violencia protagonizada por la delincuencia y avalada por las autoridades municipales y estatales. Su atrevimiento les costó su libertad.
Las autoridades en lugar de investigar los 84 asesinatos y 25 desapariciones de personas pertenecientes a la Policía Comunitaria de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF), se fueron contra los líderes comunitarios.
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